La geopolítica de Musk toca a América Latina - Botando Corriente #52
Además: Meta limita contenidos periodísticos sobre la guerra en Gaza | La opacidad de la transparencia publicitaria
En corto ⚡
Tras controvertir a Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, se abrió una investigación contra Elon Musk por instrumentalizar X para fines criminales.
A pesar de su discurso de “libertad de expresión absolutista”, la posición de Musk frente a la moderación de contenidos cambia según el país y de acuerdo a su grado de afinidad con los gobiernos.
Javier Milei se ofreció a terciar en favor de Musk en su investigación en Brasil. Aunque la canciller argentina aseguró que su país no intervendrá, el gesto es una muestra del alcance de las relaciones diplomáticas de Musk en América Latina.
La bandera del absolutismo de la libertad de expresión que Elon Musk ha ondeado desde que compró Twitter –hoy X– llegó finalmente a América Latina. El pasado 8 de abril, el dueño de X señaló a Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, como “brutal dictador” por sus medidas para suspender cuentas en redes sociales que en ese país han divulgado contenidos de desinformación electoral e incitación a la violencia.
El comentario es parte de una ráfaga de críticas que durante los primeros días del mes se apuntaron desde X contra las instituciones de Brasil y que buscan expandir la filosofía de “libertad de expresión absolutista de Musk” a otras partes del mundo. El 3 de abril, Michael Shellenberger, un periodista y activista estadounidense, publicó una edición brasileña de los ‘Twitter Files’, una suerte de reportajes periodísticos basados en información interna de la compañía para exponer las antiguas prácticas de moderación de Twitter, y respaldar la consigna de menor intervención promovida por Musk.
Esta versión de los Twitter Files presentó correos de Rafael Battista, director jurídico de la compañía en Brasil y las comunicaciones del equipo de políticas públicas para lidiar con solicitudes de información sobre usuarios y de remoción de contenido, así como llamados de autoridades a actuar contra la desinformación electoral y operaciones coordinadas.
Las cuentas mencionadas en las comunicaciones pertenecen en buena medida a perfiles que participaron en campañas para deslegitimar las últimas elecciones presidenciales en Brasil, lo cual –sumado a otros factores–desencadenó en movilizaciones frente a cuarteles militares y la insurrección del 8 de enero de 2023, en la que se invadieron edificios públicos en Brasilia, como lo reportaron Sergio Spagnuolo y Milena Giacomini.
En la publicación, Shallenberger señaló a Alexandre de Moraes como el líder de una represión contra la libertad de expresión en Brasil y criticó el llamado “proyecto de ley de las fake news”, una iniciativa para regular las redes sociales que se discute desde hace años en ese país y que el año pasado provocó reacciones beligerantes por parte de otras compañías de tecnología.
Con el terreno preparado, el 6 de abril la oficina de asuntos globales de X anunció que la compañía había sido forzada a bloquear algunas cuentas populares en Brasil. “El pueblo de Brasil, más allá de sus posiciones políticas, tiene derecho a la libertad de expresión, debido proceso y transparencia”, sostuvo en la publicación. Unos minutos después saltó a la escena el propio Musk, quien arremetió contra De Moraes y les sugirió a los usuarios en Brasil utilizar servicios de VPN –redes privadas virtuales que simulan una conexión a Internet desde una ubicación distinta a física– para esquivar las restricciones de contenido en el país.
A falta de una regulación de redes sociales y ante episodios de extremismo en Brasil, el Tribunal Supremo Federal, en cabeza de de Moraes, tomó como propia la causa de mitigar las campañas de desinformación, ordenando la suspensión de cuentas y la eliminación de contenidos. Las medidas, de por sí discutibles, le han ganado el repudio de sectores afines a Jair Bolsonaro, quien también lo señaló de dictador durante la campaña presidencial de 2022.
De Moraes respondió a los pronunciamientos de X y de Musk con la apertura de una investigación en contra del dueño de la compañía por posible obstrucción de la administración de justicia. Se le señala de haber iniciado una campaña de desinformación contra el Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral. Según el anuncio, firmado por el propio ministro, Musk será investigado por una instrumentalización criminal de X, organización criminal e incitación al crimen.
Más allá de las respuestas de uno y otro lado, la disputa en X le sirve a cada bando para afianzar su posición en el telón ideológico de la discusión. Para el periodista Juan Pablo Spinetto, “Musk vende la controversia como una lucha contra la censura consistente con su espíritu de libertad de expresión absolutista”, aunque en la práctica constituya la protección de voces que efectivamente han incurrido en conductas ilegales a través sus cuentas en redes sociales.
En cuanto a De Moraes, su mano dura frente a las compañías de Internet y los discursos problemáticos en línea le valen el apoyo de sectores anti-bolsonaristas y refuerzan su imagen de defensor de la democracia, a pesar de que su cruzada incluya atribuirse facultades y actuar conforme a procedimientos sui generis. Como lo señala el abogado Pedro Henrique Carneiro, en esta instancias el Tribunal es a la vez fiscal, víctima y juez.
De fondo está además el tablero del ajedrez político internacional. Durante los días de la controversia, Musk habló en términos entusiastas de su futura reunión con Narendra Modi, el primer ministro de India, un país donde el magnate se reserva su discurso de la libertad de expresión absoluta. El año pasado, la compañía fue señalada de actuar de manera dócil al acatar las solicitudes estatales para remover más de cien cuentas de periodistas, activistas y opositores del gobierno. Estas medidas fueron rechazadas por organizaciones de la sociedad civil, que acusaron a Twitter de censura.
De igual forma, en el contexto de las elecciones turcas de 2023, Twitter bloqueó cuentas críticas del gobierno de Recep Tayyib Erdogan, con quien Musk se reunió unos meses después para contemplar la apertura de una fábrica de Tesla en ese país y una posible cooperación entre SpaceX –también propiedad de Musk– y el programa aeroespacial de Turquía.
Para Emerson Brooking, investigador del Digital Forensic Lab del Atlantic Council, Musk ha encontrado en Brasil una causa que le permite articular su retorcida visión de la libertad de expresión. Bajo esta óptica, este derecho no se le concede a activistas democráticos, sino a personas que comparten sus mismas opiniones políticas.
La controversia con Brasil también coincidió con otro punto relevante en la agenda geopolítica de Musk: su encuentro con Javier Milei, a quien recibió la semana pasada en la fábrica de Tesla en Texas. Tras la reunión, Miguel Adorni, vocero de la presidencia argentina, informó que el mandatario le había ofrecido ayuda a Musk para “el conflicto que mantiene la red social X en Brasil en el marco del conflicto judicial y político en ese país”. Aunque poco después la canciller argentina, Diana Modino, aseguró que su país no interferiría en los asuntos internos de Brasil, queda en el aire el alcance de las relaciones diplomáticas de Musk en la región.
A pesar de la disputa, esta semana los representantes de X en Brasil dieron marcha atrás. En una carta enviada a De Moraes, la compañía informó que “todas las órdenes emitidas por este Supremo Tribunal y por el Tribunal Superior Electoral continuarán siendo plenamente cumplidas”. Hasta el momento, Musk no se ha pronunciado sobre este cambio en su propia doctrina.
Las reglas del juego
Meta ha limitado contenidos periodísticos sobre la guerra en Gaza 📰
En el marco del conflicto en Medio Oriente, Meta ha eliminado artículos periodísticos que cubren la situación sobre la guerra. Así lo exponen tres decisiones recientes del Consejo asesor de contenidos, un organismo independiente de la compañía que actúa como Corte Suprema en asuntos de moderación.
El Consejo evaluó recientemente tres casos en los que Meta removió una publicación de un periodista que describía una entrevista con un cofundador de Hamás, un enlace a un artículo del Washington Post que detallaba la cronología del conflicto, y relatos de violencia sexual atribuidos a militantes de Hamás durante los ataques de octubre de 2023.
Los contenidos fueron eliminados por mencionar directamente a Hamás, una entidad designada bajo la política sobre personas y organizaciones peligrosas de la compañía. Sin embargo, el Consejo determinó que estas medidas fueron desacertadas al tratarse de contenidos con un propósito informativo y periodístico, y en consecuencia decidió que fueran revertidas.
La tercera publicación, que incluía imágenes de dos mujeres agredidas y secuestradas por Hamás, fue eliminada porque las reglas de Meta prohíben el contenido que muestre rehenes. En este caso, el Consejo argumentó que, en el contexto del conflicto, documentar estos actos es crucial tanto para futuras rendiciones de cuentas como para generar la conciencia entre los usuarios, por lo cual ordenó igualmente que el contenido fuera restablecido en la plataforma.
La recurrencia de estos casos demuestra la aplicación excesiva de las políticas de Meta, especialmente en la cobertura de noticias sobre entidades designadas como peligrosas por sus políticas. Para el Consejo, aunque las normas permiten informar sobre estos grupos terroristas, los moderadores no tienen claridad sobre cuándo deben aplicar la exención de interés público, una medida de Meta para permitir contenidos que en principio incumplen sus reglas.
Polo a tierra
La opacidad de la transparencia publicitaria📢
La Ley de Servicios Digitales, el ambicioso proyecto de la Unión Europea para regular a las plataformas de Internet, obliga a las grandes compañías a mantener repositorios de anuncios publicitarios, una medida que en teoría permitiría conocer cómo funciona la publicidad en línea y auditar, por ejemplo, los gastos de campañas políticas o de gobiernos en pauta digital. Sin embargo, un informe de Mozilla Foundation y Check First pone de manifiesto las actuales deficiencias de estas herramientas de transparencia.
La investigación, que evaluó once plataformas, concluyó que ninguno de los repositorios cumple con los requisitos para ser considerados completamente funcionales. Si bien algunas compañías ofrecen datos de segmentación de los anuncios y su número de interacciones, existen limitaciones que impiden que estos repositorios cumplan su finalidad.
Los investigadores calificaron como decepcionante el limitado esfuerzo de X para mejorar su transparencia publicitaria, especialmente dado su papel clave en el discurso cívico. Si bien su repositorio es público, la compañía no ha desarrollado una interfaz, sino que ofrece la información en un archivo CVS que se descarga lentamente.
A medida que la Unión Europea continúa puliendo las regulaciones en torno a la publicidad política, el estudio recomienda a la Comisión Europea fomentar la estandarización de las API y los repositorios web para facilitar a investigadores y grupos de la sociedad civil el monitoreo de la influencia publicitaria durante períodos electorales, especialmente ante el incremento de anuncios políticos generados por inteligencia artificial.