‘Falsos positivos’: qué pasa con los discursos negacionistas en línea - Botando Corriente #67
Además: Se inaugura un centro de apelaciones en línea| Compartir sin leer: así se mueven las noticias en línea
En corto ⚡
En los últimos tiempos han tomado fuerza discursos que buscan controvertir las cifras de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El fenómeno es comparable con otras conversaciones en las que se cuestionan procesos de memoria histórica en América Latina, como ocurre con Argentina y Chile.
Aunque algunos de estos eventos incumplen las reglas de las plataformas sobre acoso a las víctimas y negacionismo, estas reglas no se ajustan del todo al contexto regional.
Es poco probable que estas políticas de contenido se apliquen, pues requieren de una base sólida de contexto y de un interés que, por el momento, no se percibe.
A comienzos de noviembre, el congresista colombiano Miguel Polo Polo publicó en sus redes sociales un video en el que tiraba en una bolsa de basura las botas de caucho que las madres de los civiles ejecutados extrajudicialmente por la fuerza pública –conocidos como ‘falsos positivos en Colombia– habían instalado en el Congreso a manera de protesta y conmemoración artística.
“¿Quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la plaza Rafael Nuñez para poner estas botas, haciendo apología a los 6.402 falsos positivos?”, se pregunta el representante a la Cámara en el video. Según dice, el acto de retirar las botas está justificado porque las instituciones colombianas no habían logrado dar los nombres de las 6.402 víctimas de los ‘falsos positivos’, una cifra incluida en el informe final de la Comisión de la Verdad.
Para Jacqueline Castillo, vocera de la organización Madres de Falsos Positivos –Mafapo– el acto no solo fue una afrenta al dolor de las víctimas, sino parte de “un discurso negacionista en el que quieren plantear que la cifra 6.402 es un invento”, como aseguró al diario El Espectador. En su opinión, este tipo de controversias tienen el objetivo de restar gravedad a los crímenes.
La disputa sobre el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales no es nueva, pero el discurso que busca controvertirlo –como estrategia para desestimar del todo la ocurrencia de estos hechos sistemáticos– ha escalado en los últimos meses. En septiembre pasado, el tuitero Ariel Ricardo Armel publicó en X la respuesta a un derecho de petición en el que le preguntó a la Jurisdicción Especial de Paz –el tribunal de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz de 2016– si tenía en su poder 6.402 expedientes relacionados con ‘falsos positivos’. En su respuesta, el organismo indicó que la cifra correspondía a un “universo provisional de hechos” y que por tanto no existían expedientes individuales para cada caso. Sin embargo, aclaró que se trataba de información registrada en bases de datos de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
Pese a la explicación, la afirmación de que no había tal cantidad de expedientes fue explotada para divulgar la idea de que el tribunal no reconocía que hubiera ese número de víctimas. A partir de la publicación de Armel, otros usuarios calificaron la cifra de 6.402 como una mentira o un mito.
De acuerdo con una verificación de ColombiaCheck, algunas de estas publicaciones acumularon más de 500.000 visualizaciones en X y migraron a otras plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.
En respuesta a esta nueva ola de comentarios negacionistas, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica rechazaron la estigmatización contra las víctimas y aclararon que, mediante distintas imputaciones y los testimonios de 104 responsables, se había probado que efectivamente existió una política dentro del Ejército que entre 2002 y 2008 llevó a se presentaran 6.402 asesinatos y desapariciones.
¿Qué dicen las reglas de las plataformas?
Tanto X, como TikTok, YouTube y las plataformas de Meta prohíben los contenidos que nieguen la ocurrencia de eventos violentos comprobados o que acosen a las víctimas al minimizar sus tragedias o burlarse de ellas.
Aunque las políticas de las plataformas tienen un alcance global, su enfoque muchas veces responde a contextos específicos. En el caso de este tipo de reglas, muchas de ellas están pensadas directamente para conversaciones sobre el Holocausto o los tiroteos masivos en Estados Unidos.
Sin embargo, su concepción presenta vacíos frente a eventos familiares para el contexto de América Latina, como el terrorismo de Estado, las dictaduras militares o los conflictos armados, respecto a los cuales se han desarrollado procesos de memoria histórica y establecido mecanismos institucionales de verdad y reparación.
A pesar de que muchas de las publicaciones alrededor de la cifra de los ‘falsos positivos’ en Colombia incumplen algunas de las políticas de las plataformas, como acusar a las víctimas de estar contratadas y negar su experiencia, no se conocen sanciones para casos como éste u otros en la región. Tampoco está claro el si el retiro de este contenido sería el remedio adecuado, toda vez que podría terminar amplificando de manera indirecta este tipo de narrativas.
En marzo de este año, observamos cómo en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, miles de publicaciones utilizaron los hashtags #NoFueron30000 y #NoFueronInocentes para cuestionar las cifras de víctimas de la última dictadura militar en ese país, relativizar las muertes y desapariciones o incluso justificar estos eventos. Como parte de la conversación, también fueron atacadas las madres y abuelas de mayo, a quienes se señaló como familiares de terroristas.
Por su parte, el año pasado en Chile, a raíz del aniversario número 50 del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, se empezaron a discutir los eventos de la dictadura. De acuerdo con un reportaje de FactCheck, la figura de Agusto Pinochet estaba siendo glorificada en TikTok, lo que habría paso a contenidos negacionistas sobre las violaciones a derechos humanos cometidos durante ese periodo histórico.
Para que se apliquen las reglas de las plataformas respecto a contenidos negacionistas hace falta una sólida base de contexto con el que los moderadores no siempre cuentan. Pero más allá de eso, en algunos casos, como el de X, la decisión de no hacerlas cumplir es notoria. Por citar un hecho diciente, en diciembre del año pasado Elon Musk, dueño de la plataforma, restableció la cuenta de Alex Jones, quien para entonces ya había sido condenado por difamar a las víctimas del tiroteo de la escuela de Sandy Hook, cuya ocurrencia presentó durante años como una puesta en escena.
CHCH conversó con Silvio Waisbord, sociólogo y profesor de medios, sobre periodismo, redes sociales y política.
Las reglas del juego
Se inaugura una nuevo centro de apelaciones en línea⚖️
La semana pasada empezó a recibir casos el Centro de Apelaciones de Europa, un organismo independiente con capacidad de resolver disputas entre plataformas digitales y usuarios.
La entidad es fruto directo de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que introduce la figura de organismos de resolución extrajudicial de conflictos para que los usuarios impugnen sanciones de las plataformas, como la remoción de contenidos.
Para utilizar esta vía, los usuarios en el territorio de la UE deben pagar una tasa de 5 euros para inscribir su caso en el Centro, la cual es reembolsable si la decisión les favorece.
Según el organismo, un grupo de expertos analizará cada caso en un plazo de 90 a 180 días, dependiendo de su complejidad, considerando las normas comunitarias de la red social involucrada. Aunque la decisión final no es vinculante para las plataformas, que pueden optar por no colaborar, estará disponible en el portal de casos en línea para su consulta.
El Centro está financiado por el fideicomiso del Consejo asesor de contenidos de Meta, que también revisa casos de moderación de contenidos. Según informó el Consejo, ambas entidades operarán de manera separada, aunque sus labores se complementarán.
Por el momento, el Centro acepta apelaciones individuales sobre cualquier tipo de contenido propio (video, foto o texto) que haya sido eliminado o mantenido en los últimos seis meses en Facebook, TikTok o YouTube. Se espera que otras plataformas se incorporen en el futuro.
Polo a tierra
Compartir sin leer: así se mueven las noticias en redes🗞️
Una investigación reciente publicada en Nature Human Behaviour reveló que el 75% de los enlaces a sitios de noticias que circulan en redes sociales no son abiertos previamente por quienes las comparten.
El estudio fue realizado por investigadores de las universidades de Pensilvania, Georgia y Florida y analizó cerca de 35 millones de publicaciones en Facebook entre 2017 y 2020. De acuerdo con los autores, los usuarios comparten noticias basados en señales superficiales, como los titulares, una tendencia que se acentúa cuando se trata de contenido político radical.
La investigación también reveló que este comportamiento es más prevalente en usuarios conservadores (76%) que en liberales (14%), en parte porque la mayoría de enlaces con información engañosa provenían de dominios de noticias de extrema derecha.
Para los investigadores, los resultados evidencian una clara tendencia de los usuarios a compartir contenido alineado con sus creencias políticas previas sin verificar los hechos, lo que incrementa significativamente la probabilidad de una amplia difusión de desinformación política en línea.
Para mitigar el alcance de esta conducta, el documento recomienda que las compañías de redes sociales introduzcan medidas como alertas instantáneas tanto para quienes van a compartir enlaces sin haberlos abierto como para quienes los reciben.
En la Red 🕸️
Este es el recomendado de la semana de la Red de Expertos en Democracia y Tecnología de Linterna Verde en alianza con La Silla Vacía:
El plan de Trump para cambiar Internet: “Una parte importante del plan propuesto por el presidente electo, conocido por diseminar información falsa constantemente, se concentra en limitar distintas iniciativas de la academia, medios, ONGs y redes sociales contra la desinformación”, escribe Emmanuel Vargas a propósito del nuevo panorama regulatorio en Estados Unidos.